Un fiscal federal dijo el viernes que no tiene pruebas de que Manuel Adorni, el exjefe de Gabinete del presidente Javier Milei, se haya enriquecido ilegalmente en el cargo, y pidió trasladar la causa a un tribunal de delitos tributarios.
El fiscal, Gerardo Pollicita, no exculpó a Adorni. Su dictamen escrito, presentado ante el juez federal Ariel Lijo, dice que Adorni todavía podría tener que responder por ocultar dinero a la agencia tributaria, ARCA. Lijo decide si acepta el pedido. Si lo hace, el expediente pasa a la Justicia Nacional en lo Penal Económico, que se ocupa de los delitos tributarios, y un juez de ese fuero, asignado por sorteo, examinaría en su lugar una posible evasión fiscal.
La distinción importa porque el enriquecimiento ilícito, un delito en el que un funcionario no puede justificar un aumento significativo de su patrimonio, abarca solo el patrimonio obtenido desde el día en que asume el cargo hasta dos años después de dejarlo. Adorni dice que el dinero detrás de sus gastos ya era suyo antes de entrar al gobierno.
En cuestión, según el dictamen del fiscal, hay unos US$565.000 en efectivo que Adorni incluyó en declaraciones juradas rectificadas como tenencias a comienzos de 2023, antes de entrar al gobierno en diciembre de ese año. Las presentó ante la agencia tributaria y la Oficina Anticorrupción en junio, con la investigación ya en marcha. Su abogado dijo en una presentación de septiembre que provenía de operaciones con bitcoin entre 2014 y 2018, que convirtieron unos US$200.000 de ahorros en unos US$591.000 que la pareja guardaba en efectivo en su casa.
La fiscalía había contabilizado unos US$403.000 en gastos en dólares durante el paso de Adorni por el gobierno, casi todos en efectivo, en rubros como un lote en un barrio cerrado, refacciones y viajes. Pollicita escribió que Adorni controla ahora las ocho direcciones de bitcoin involucradas, que estuvieron activas de 2014 a 2018, pero que la prueba no permite saber quién las controlaba entonces, y que peritos de la Policía Federal consideraron técnicamente consistente que fuera él. Agregó que los ingresos de la pareja hacían posible una compra de US$200.000.
Pollicita escribió que la conducta de Adorni en el expediente y sus declaraciones públicas sobre su patrimonio habían sido inconsistentes y erráticas, y que su explicación era novedosa y, hasta entonces, poco creíble, por lo que su oficina ordenó verificaciones. La prueba reunida, escribió, no permitía descartar que el capital se hubiera formado antes de que Adorni asumiera, y no vinculaba el dinero con un acto oficial ni con una fuente ilícita.
Según el propio relato de Adorni, los ahorros quedaron sin declarar ante la agencia tributaria desde 2014 hasta que los declaró este año, lo que según Pollicita apunta a un posible delito tributario, que habrá que analizar impuesto por impuesto y año por año. Que no se haya encontrado enriquecimiento ilícito, escribió, "no significa que no deba responder por una conducta antijurídica de otra naturaleza".
Adorni fue vocero de Milei antes de convertirse en jefe de Gabinete, el principal ministro del presidente. Renunció a fines de junio y Diego Santilli lo reemplazó. La causa comenzó con una denuncia de la legisladora Marcela Pagano. Gregorio Dalbón, un abogado que es uno de los denunciantes, pidió a Lijo que no decida nada sobre la competencia hasta que se pronuncie la Procuraduría de Investigaciones Administrativas del Ministerio Público Fiscal, informó Ámbito. Lijo resolverá ahora sobre el pedido del fiscal.



